En entrevista con la 780 AM, el defensor Álvaro Arias manifestó que la tortura es una situación que no ocurrió en este caso, al igual que la lesión grave, que debe estar marcada por la existencia de peligro de muerte o la víctima tiene haber quedado desfigurada.

“Están buscando cualquier hecho punible para darle participación al Ministerio Público en el caso”, aseveró el letrado.

Asimismo, Arias consideró que la denuncia por tortura es una situación “totalmente antojadiza” por parte del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, pues a su criterio de ninguna manera se puede hablar de ese delito penal.

Sin embargo, expresó su solidaridad con los padres del joven que sufrió la golpiza y dijo que los autores deben tener una sanción por el caso que a su parecer debe ser simplemente “lesión”.

Por su parte, Miguel Godoy manifestó que, según los elementos con que cuenta, a los chicos se los sometía a un régimen de golpes, además de ser coaccionados en forma periódica y eran obligados a integrar el grupo donde realizaban ese tipo de prácticas. “También corrió el rumor que pedían dinero para no entrar dentro de este régimen”, dijo.

Un joven adicto a las drogas apuñaló a su vecino tras una discusión que se inició cuando le reclamó el pago de una deuda de G. 10 mil. El herido fue trasladado al Hospital Regional, donde quedó internado.

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Según los datos, la discusión inició cuando Alan Matías González Giménez, de 25 años, se acercó a un conocido consumidor de drogas de la zona, conocido como “Braian’i”, para reclamar el pago del monto mencionado que le debía desde hacía algunos días.

La discusión subió de tono rápidamente y Braian’i, enfurecido por la insistencia de pago de Alan, sacó un cuchillo y se abalanzó sobre su vecino, quien intentó defenderse, pero durante el forcejeo fue apuñalado en la cintura.

Los vecinos que presenciaron el hecho llamaron, al sistema 911. Al lugar llegaron agentes de la subcomisaria 2ª, quienes trasladaron al herido al pabellón de emergencias médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde quedo internado bajo observación.

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En septiembre del año pasado, el actual Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre actividades sospechosas en el creciente negocio de picantes que operaba en la penitenciaría de Emboscada.

“Al no tener la certeza del origen del capital invertido pusimos a conocimiento de la Fiscalía para que puedan hacer su análisis y ver si pudiera constituir un hecho punible y tener mérito para ser investigado”, explicó el actual viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, en un contacto con la emisora 730 AM.

Al inicio de esta administración se hizo un relevamiento de datos de las penitenciarías y llamó la atención la fábrica montada en Emboscada, por no tener claro el origen de capital invertido y las personas involucradas.

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No se tienen facturas de las máquinas ni el precio que costaron. Sí existen nombres de algunas personas que realizaron las diligencias para los permisos de habilitación municipal, trámites ante Inan, pero no los documentos de la adquisición de los equipos utilizados para la fabricación e ingresados entre marzo y abril del año pasado.

“Están los papeles que mencionan a las autoridades que permitieron el ingreso de las máquinas. Son de la administración anterior. Actualmente no se encuentran en el Ministerio de Justicia”, comentó el viceministro.

Marcelo Lee, nacido en Corea y nacionalizado paraguayo se encuentra procesado por tenencia y comercialización de estupefacientes y está recluido hace dos años.

Según informaba el Ministerio de Justicia, antes de que el caso tome estado público, Lee logró aglutinar a agricultores de la zona que se pusieron a cultivar el producto con semillas de alta calidad que él les provee, para asegurar la excelencia del producto.

La salsa picante “Prisioneros del Sabor”, una mezcla de pasta de ají seleccionada, manzana, ajo, jengibre y cebolla es una receta oriental que Lee convirtió en “negocio”, en homenaje a lo que su madre ponía en la mesa.

Un procedimiento se realizó anoche en la colonia Santa Clara de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, donde efectivos policiales verificaron una camioneta en la que encontraron 460 kilos de marihuana.

Los intervinientes aprehendieron a de Severo Núñez Portillo de 38 años de edad y a Mario Masacote Cubilla de 34 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Del poder de los sujetos incautaron dos teléfonos celulares y otros elementos que servirán para la investigación.

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El operativo estuvo a cargo del Departamento Antinarcóticos, bajo dirección del agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico de Amambay.

El Plan de Acción Sumar se estableció a nivel Gobierno, es decir, involucra a varias instituciones, y pretende contrarrestar el flagelo de las drogas.

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